Política

Cuestionan diputados falta de resultados, inseguridad y conflictos sociales en comparecencia de Anacleta López Vega

En 2025, 938 personas desplazadas en Guerrero. “Las despensas no sustituye la necesidad de vivienda, protección y condiciones para recuperar sus hogares”, señala Irene Montiel

La encargada de despacho defendió su gestión, reconoció que existen problemas sin resolver y aseguró que la falta de nombramiento no ha limitado su trabajo

Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 18 noviembre de 2026.– La falta de resultados concretos frente a la inseguridad, el desplazamiento forzado, las desapariciones, los asesinatos de periodistas y los recurrentes bloqueos carreteros fueron algunos de los principales cuestionamientos que diputados locales hicieron a la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, durante su comparecencia ante el Congreso de Guerrero, como parte de la quinta glosa del informe de gobierno.

Durante el ejercicio de rendición de cuentas, legisladores de las bancadas del PAN, Movimiento Ciudadano, PT, PRD, PRI y Morena expusieron las deficiencias que persisten en la política interior del estado y coincidieron en que las reuniones, mesas de trabajo y estadísticas presentadas por la dependencia no necesariamente representan soluciones para la población.

Uno de los posicionamientos más críticos fue el de la diputada del PAN, María Irene Montiel Servín, quien advirtió que el informe destaca avances administrativos, pero omite problemas graves que enfrenta Guerrero, particularmente en regiones como Chilapa y la Montaña Baja, donde comunidades han denunciado ataques armados y desplazamiento forzado.

Señaló que, aunque el gobierno reportó 938 personas desplazadas atendidas durante el periodo, las familias continúan sin garantías de seguridad para regresar a sus comunidades. Sostuvo que la entrega de despensas no sustituye la necesidad de vivienda, protección y condiciones para recuperar sus hogares.

También cuestionó que el informe destaque la protección de 58 periodistas y 12 personas defensoras de derechos humanos, sin hacer referencia a los asesinatos recientes de comunicadores, entre ellos Alex Serna, localizado sin vida en Zihuatanejo, y Eduardo Flores Arago, en Acapulco, cuyo asesinato fue lamentado durante la comparecencia.

La legisladora consideró que ejercer el periodismo en Guerrero continúa siendo una actividad de alto riesgo y sostuvo que la protección institucional no debe limitarse a cursos de autoprotección, sino garantizar que quienes informan puedan realizar su trabajo sin amenazas.

En materia de desapariciones, cuestionó las 99 búsquedas de campo reportadas frente a las más de cuatro mil personas desaparecidas y no localizadas que registra Guerrero. Además, señaló que el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana de Acapulco todavía requiere equipamiento, personal especializado y presupuesto para comenzar a operar plenamente.

A ello sumó la preocupación por la falta de un titular formal en la Secretaría General de Gobierno, situación que, dijo, se prolonga desde hace aproximadamente dos años y ocho meses, por lo que exhortó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a realizar el nombramiento antes de concluir el año.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Erika Lorena Lührs Cortés, cuestionó la capacidad de la dependencia para prevenir los conflictos sociales y evitar que las demandas ciudadanas escalen hasta convertirse en bloqueos carreteros.

Advirtió que la gobernabilidad no debe medirse por la cantidad de reuniones, sino por la capacidad de las autoridades para resolver los problemas antes de que afecten a terceros.

También señaló las dificultades que enfrentan las familias de personas desaparecidas, la falta de recursos para los colectivos de búsqueda y la necesidad de establecer condiciones de seguridad para el proceso electoral de 2027.

La legisladora cuestionó además la falta de una postura clara sobre la regulación del transporte mediante plataformas digitales y el deterioro del servicio de transporte público en Acapulco.

En tanto, el diputado del PT, Edgar Ventura de la Cruz, pidió conocer cuántos conflictos agrarios permanecen activos en Guerrero, cuántos han sido solucionados y qué acciones se realizan para evitar nuevos enfrentamientos entre comunidades.

Desde el PRD, Roberto Urióstegui Patiño reconoció las acciones reportadas por la dependencia, pero insistió en que los mecanismos de diálogo deben traducirse en compromisos verificables. También cuestionó la protección a transportistas ante los asesinatos y extorsiones que enfrenta el sector, así como la falta de garantías para ejecutar resoluciones agrarias, particularmente en el conflicto entre comunidades de Guerrero.

El diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, pidió fortalecer las estrategias de acompañamiento a madres buscadoras y adelantar la instalación de una mesa de seguridad para el proceso electoral 2026-2027, ante los riesgos que enfrentan las distintas fuerzas políticas en algunas regiones de la entidad.

Desde el PRI, Jesús Parra García cuestionó el formato de comparecencias, al considerar que los tiempos asignados impiden una verdadera rendición de cuentas, pues las preguntas de los legisladores superan la capacidad de respuesta de los funcionarios. También reprochó que durante el último año no se haya concretado un diálogo directo entre la Secretaría General de Gobierno y la dirigencia estatal priista.

En respuesta, Anacleta López Vega defendió su desempeño y aseguró que, pese a permanecer como encargada de despacho, ha mantenido la atención a organizaciones sociales, autoridades municipales y ciudadanos.

Reconoció que no todos los problemas han podido resolverse, pero afirmó que la dependencia trabaja de manera permanente para atender las demandas.

Sobre el desplazamiento forzado, explicó que el gobierno estatal trabaja en coordinación con la Federación mediante el Plan Maestro de la Montaña Alta y Baja, y aseguró que las familias reciben atención psicológica, económica, médica y social, además de apoyos alimentarios y educativos.

Respecto al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana de Acapulco, informó que la construcción está concluida, pero reconoció que todavía falta mobiliario y equipamiento especializado. Indicó que se cuenta con un presupuesto federal de 26 millones de pesos y que se busca completar las instalaciones a principios de 2027.

En cuanto a la protección de periodistas, sostuvo que Guerrero trabaja en coordinación con el mecanismo federal para implementar las medidas de seguridad, mientras que las solicitudes de protección de aspirantes a cargos de elección popular son canalizadas a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Sobre los bloqueos carreteros, reconoció que afectan los derechos de terceros y que constituyen un problema histórico que no puede resolverse únicamente mediante reuniones. Sin embargo, defendió la política de diálogo y mediación como principal mecanismo para evitar el uso de la fuerza y alcanzar acuerdos.

También aseguró que la Secretaría ha logrado resolver conflictos agrarios que permanecían pendientes desde hace 20, 30 y hasta 40 años, aunque admitió que existen diferencias entre comunidades que requieren seguimiento institucional.