El coordinador priista Alejandro Bravo Abarca señaló que el incremento en tarifas del transporte en Chilpancingo y Acapulco podría ser ilegal o resultado de omisión oficial; pidió realizar de inmediato el estudio socioeconómico correspondiente
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo, Gro., 08 de abril de 2026.- El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, cuestionó el reciente incremento en las tarifas del transporte público en Chilpancingo, de 8 a 10 pesos, y en Acapulco, de 12 a 15 pesos, al advertir que podría tratarse de una violación a la ley o de una omisión por parte de las autoridades estatales.
En conferencia de prensa, el legislador señaló que existen dos posibles escenarios: “o se está violando la ley al aplicar aumentos sin sustento, o hay una omisión de las autoridades al no informar ni regular este ajuste”.
Bravo Abarca, subrayó que cualquier incremento en el pasaje debe estar respaldado por un estudio socioeconómico, el cual corresponde realizar a la Dirección de Transportes, y con base en ello determinar si el aumento es procedente y en qué porcentaje. “El estudio se tiene que hacer a la mayor brevedad posible. De lo contrario, esta situación puede escalar y replicarse en otros municipios del estado”, advirtió.
El diputado también exigió una reacción inmediata del gobierno estatal y no descartó solicitar la comparecencia del titular de Transporte, ante la falta de información oficial, mientras que los transportistas ya aplican los nuevos cobros.
Asimismo, indicó que, de no realizarse el estudio conforme a la ley, el Congreso podría tomar medidas, ya que el incremento sin sustento podría derivar incluso en sanciones para los concesionarios. Aunque reconoció que factores como el aumento en el precio de la gasolina y el mantenimiento de unidades afectan al sector transportista, insistió en que estos deben evaluarse mediante un análisis técnico antes de autorizar cualquier ajuste.
La diputada Beatriz Vélez Núñez, por su parte señaló que el aumento en combustibles ha repercutido tanto en transportistas como en la ciudadanía, al encarecer el costo de vida y los servicios, por lo que consideró urgente que las autoridades competentes apliquen la ley en materia de transporte.
Finalmente, los legisladores coincidieron en que no se puede permitir un aumento al pasaje sin cumplir con los procedimientos legales, por lo que demandaron transparencia y pronta actuación de las autoridades para evitar mayor afectación a la población.
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