En un operativo elementos de la Policía Federal Ministerial capturaron al defensor de 74 años en su domicilio; organizaciones denuncian una estrategia sistemática de criminalización contra activistas en la región.
Texto: Rangel Ventura
Chilpancingo, Gro., 18 de marzo de 2026.- Bajo el sello de la incertidumbre y el despliegue de las fuerzas federales, la tarde de este miércoles se sumó un nuevo capítulo a la tensa relación entre el Estado y los movimientos sociales en la Montaña de Guerrero. Alrededor de las 13:35 horas, Ubaldo Segura Pantoja, pieza clave en la Dirección Política del Frente Popular de la Montaña (FPM), fue sustraído de su hogar en la colonia Tepeyac por agentes de la Policía Federal Ministerial.
Lo que inició como un reporte de desaparición forzada ante la opacidad inicial de las autoridades, terminó por confirmarse horas después a través del Registro Nacional de Detenciones. Según la ficha oficial, Segura Pantoja —un hombre de la tercera edad con una trayectoria de décadas en la defensa del territorio y los pueblos indígenas— se encuentra «en traslado» para ser puesto a disposición de un juez federal, con destino final en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Puebla.
La detención de Segura Pantoja no es un hecho aislado, sino que se inscribe en lo que defensores de derechos humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» describen como un clima de animadversión institucional.
En los últimos meses, la región ha sido testigo de una embestida legal contra figuras del activismo: desde la detención de Jaime Morales en octubre de 2025, hasta el reciente arresto de integrantes de la policía comunitaria en Olinalá y el municipio de Ñu Savi.
Telésforo Aguilar Villanueva, compañero de lucha en el FPM, denunció que hasta el momento se desconocen los delitos específicos que se le imputan a Segura.
«Es una persecución contra quienes han exigido justicia por Arnulfo Cerón, por los 43 de Ayotzinapa y por la libertad de los presos políticos», señaló, anunciando una jornada de movilizaciones inmediatas para exigir la liberación del defensor.
Mientras la maquinaria del Estado actúa con celeridad quirúrgica para detener a líderes sociales de avanzada edad, los crímenes que desangran a la entidad permanecen en la impunidad. A casi un año del asesinato de Marco Antonio Suástegui, líder del CECOP, y tras la desaparición de Vicente Suástegui en 2021, los señalados como autores intelectuales permanecen libres de toda acción penal.
La detención de Ubaldo Segura, quien padece las presiones propias de su edad y el contexto de salud de su familia, ha encendido las alarmas de organismos internacionales. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha emitido una Acción Urgente (AU/CDHZL: 4/2026), exigiendo que se garantice su integridad física y psicológica, apelando al Acuerdo de Escazú y a la Constitución Política.
La comunidad de Tlapa y las organizaciones que conforman la Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR) se mantienen en alerta permanente. La detención de Ubaldo Segura Pantoja no solo representa la captura de un individuo, sino un mensaje directo a la resistencia organizada en una de las zonas más marginadas y combativas del país.
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