Congreso de Guerrero avala “Plan B” electoral entre respaldo oficialista y críticas por posible retroceso democrático

Con 38 votos a favor y seis en contra, el Poder Legislativo local se convierte en el tercer Congreso estatal en aprobar la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum; oposición advierte debilitamiento institucional y riesgos para la democracia

Texto: Fernando Foster

Fotografía: Jesús de la Cruz

Chilpancingo, Gro., 09 de abril de 2026.- En una sesión marcada por el contraste de posturas y un debate de fondo sobre el rumbo del sistema democrático mexicano, el Congreso de Guerrero aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional en materia electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La minuta fue avalada con 38 votos a favor de legisladores de Morena, PT, PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano, frente a seis sufragios en contra emitidos por las bancadas del PRI y PAN, en una votación que colocó al Congreso guerrerense como el tercer órgano legislativo del país en respaldar la reforma previamente aprobada en la Cámara de Diputados.

El dictamen contempla medidas orientadas a la austeridad institucional, como el establecimiento de topes a las regidurías, la limitación del presupuesto de los congresos locales y la reducción de salarios de funcionarios electorales. Durante la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Gloria Citlali Calixto Jiménez, sostuvo que la reforma busca erradicar prácticas de dispendio y recuperar la ética en el ejercicio público.

Sin embargo, el bloque opositor centró sus argumentos en advertir posibles efectos adversos sobre la arquitectura institucional electoral. La diputada panista María Irene Montiel Servín calificó la reforma como un “caballo de Troya”, al considerar que bajo el discurso de austeridad se oculta un retroceso democrático que invade facultades estatales, debilita a los congresos locales y omite problemáticas estructurales como la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.

En la misma línea, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alejandro Bravo Abarca, expresó un rechazo frontal al proyecto al señalar que generará más problemas de los que pretende resolver. Advirtió que la reforma implica un debilitamiento deliberado de las instituciones encargadas de garantizar elecciones libres, equitativas y transparentes, además de introducir incertidumbre jurídica al modificar normas sustantivas sin consenso político.

“El sistema electoral mexicano ha sido producto de décadas de construcción institucional; hoy se pone en riesgo su autonomía y capacidad operativa”, sostuvo el legislador priista, quien también cuestionó la narrativa de ahorro presupuestal frente a otros gastos públicos considerados onerosos.

Desde la mayoría parlamentaria, las posturas apuntaron a respaldar la reforma como una respuesta a demandas sociales de austeridad y renovación política. El diputado del PT, Edgar Ventura de la Cruz, afirmó que el “Plan B” promueve mayor equidad y evita la perpetuación en el poder, mientras que la legisladora del PVEM, Hilda Jennifer Ponce, defendió que permitirá ordenar el ejercicio del poder y eliminar privilegios.

En posiciones intermedias, la diputada de Movimiento Ciudadano, Erika Lorena Lührs Cortés, reconoció la necesidad de eliminar excesos, aunque advirtió que la propuesta carece de integralidad y consenso, calificándola como una reforma improvisada. Por su parte, el legislador del PRD, Robell Urióstegui Patiño, respaldó la minuta pero señaló pendientes, particularmente en materia de paridad de género y representación municipal ante la reducción de regidurías.

El morenista Héctor Suárez Basurto cerró el bloque oficialista al afirmar que la aprobación responde a un mandato ciudadano para reducir excesos, transparentar el gasto público y fortalecer la responsabilidad en el ejercicio del poder.

Con esta validación, el “Plan B” electoral avanza en su ruta legislativa nacional, donde requiere el respaldo de al menos 17 congresos estatales para su entrada en vigor, en un contexto de creciente polarización política sobre el futuro de las instituciones electorales en México.

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