El presidente de la Jucopo participó en el panel sobre la reforma constitucional de 2024 y llamó a traducir los derechos reconocidos en la ley en acciones y políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las comunidades originarias
Texto: Noticias Reporte Guerrero
Chilpancingo, Gro., 19 de agosto de 2026.– El Congreso del Estado de Guerrero, a través de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, realizó este miércoles el panel “De la Reforma Constitucional a la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, un espacio de análisis y diálogo sobre los alcances de la reforma constitucional de 2024 y los retos para hacer efectivos los derechos de los pueblos originarios.
El encuentro fue organizado en coordinación con el Gobierno del Estado, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
En el panel participó el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Joaquín Badillo Escamilla, quien destacó la importancia de avanzar en el fortalecimiento del marco jurídico para garantizar que los derechos reconocidos constitucionalmente no permanezcan únicamente en el papel, sino que se traduzcan en políticas públicas y acciones concretas para las comunidades.
Junto con Badillo Escamilla participaron el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Carabias Icaza; el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Pánfilo Sánchez Almazán, y la presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, Catalina Apolinar Santiago.
Las y los legisladores coincidieron en la necesidad de construir una Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que permita establecer mecanismos eficaces para garantizar el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución.
En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, participó Abel Bruno Arriaga, secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, quien señaló que Guerrero atraviesa una etapa de transformación institucional a partir del reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público.
Como panelistas participaron Adelfo Regino Montes, director general del INPI; Catalina Apolinar Santiago; Pánfilo Sánchez Almazán; Luis Enrique Cordero Aguilar, representante de la SCJN, y Tarsila Molina Guzmán, presidenta municipal de San Nicolás. La moderación estuvo a cargo de Marcos Matías Alonso.
Al encuentro asistieron también las diputadas Glafira Meraza Prudente, Aracely Ocampo Manzanares, Marisol Bazán Fernández y Gladys Cortés Genchi, así como los diputados Héctor Suárez Basurto, Carlos Eduardo Bello Solano y Édgar Ventura de la Cruz, además de presidentas y presidentes municipales, autoridades comunitarias, representantes institucionales y defensoras y defensores de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con este ejercicio de diálogo, el Congreso de Guerrero refrendó su disposición para contribuir a la construcción de un marco jurídico que responda a las necesidades de las comunidades y permita que el reconocimiento constitucional de sus derechos se convierta en bienestar, justicia y mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero.
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