Organizaciones de derechos humanos, académicos, periodistas, escritores y artistas nacionales e internacionales denunciaron que se les impidió ingresar al Cereso de Acapulco para visitar a Rodrigo y Modesto León Jacinto; familiares exigieron su libertad y acusaron presuntas irregularidades y violaciones a sus derechos
Texto: Rangel Ventura
Chilpancingo, Gro., 16 de agosto de 2026. — Organizaciones de derechos humanos, académicos, periodistas, escritores y artistas nacionales e internacionales denunciaron que autoridades del penal de Las Cruces, en Acapulco, les negaron el acceso para visitar a Rodrigo y Modesto León Jacinto, padre e hijo e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), quienes permanecen privados de la libertad acusados del delito de homicidio.
La denuncia fue realizada este 15 de agosto por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cuyos representantes señalaron que el impedimento representa una preocupación adicional en torno a la situación de los defensores comunitarios y al respeto de sus derechos humanos.
Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, cuestionó que las autoridades no sólo estén cerrando las puertas del Centro de Reinserción Social de Las Cruces, sino también los espacios de diálogo y solidaridad con personas privadas de la libertad.
“Una cosa es que estén procesados y otra que se les vulneren sus derechos”, reclamó.
Barrera Hernández explicó que representantes de organizaciones habían acudido con la intención de llevar un mensaje de solidaridad a Rodrigo y Modesto, así como a Maximino, otro integrante del CECOP que permanece preso y fue sentenciado a 60 años de prisión.
El defensor señaló que solicitaron la intervención de la Secretaría de Asuntos Políticos para facilitar el ingreso, pero recibieron como respuesta que no podían intervenir, por lo que finalmente prevaleció la aplicación estricta de la normativa penitenciaria.
Denuncian proceso prolongado contra integrantes del CECOP
Rogelio Teliz, abogado de Tlachinollan, recordó que Rodrigo y Modesto fueron detenidos en diciembre de 2022 y que la defensa ya presentó las pruebas correspondientes.
De acuerdo con el abogado, el expediente se encuentra en una situación de prolongación debido a que el Poder Judicial argumenta la falta de jueces para concluir el proceso.
Tlachinollan sostiene que ambos defensores comunitarios fueron acusados injustamente. Explicó que en 2014 el CECOP acordó en asamblea la conformación de una policía comunitaria y que Rodrigo y Modesto formaban parte del sistema de justicia comunitario.
En el caso de Maximino, de 80 años según la organización, enfrenta una sentencia de 60 años por tres homicidios.
La visita pretendía reunir a representantes de organizaciones nacionales e internacionales, así como integrantes de instituciones académicas como la UNAM, el Instituto Mora, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras.
César Pineda, investigador del Instituto Mora, explicó que la comisión se integró en un espacio de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, con la intención de expresar su solidaridad con los integrantes del CECOP y demandar su libertad.
Académicos respaldan al CECOP
Márgara Millán, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, afirmó que la lucha del CECOP debe resolverse con hechos y no únicamente mediante declaraciones.
En un comunicado firmado por 85 defensores de derechos humanos, académicos, artistas, periodistas y escritores nacionales e internacionales, expresaron su respaldo a la organización de los pueblos que se opusieron al proyecto hidroeléctrico de La Parota y defendieron sus tierras, territorio y bienes naturales.
Los firmantes señalaron que el CECOP enfrentó un megaproyecto que pretendía inundar comunidades y destacaron también la organización comunitaria en materia de seguridad y justicia.
Asimismo, llamaron al Poder Judicial de Guerrero y a las autoridades estatales y federales a revisar las pruebas presentadas por Tlachinollan y garantizar que el proceso de Rodrigo y Modesto se desarrolle con estricto apego a la ley y respeto a sus derechos humanos.
Familias denuncian presuntas agresiones durante las detenciones
Durante el acto, las esposas de los detenidos también expusieron públicamente las circunstancias en las que, según sus testimonios, ocurrieron las detenciones.
Zoila Jacinto Flores, esposa de Rodrigo, exigió su libertad y afirmó que lleva años privado de la libertad sin haber cometido los delitos que se le imputan. También señaló que durante el operativo las autoridades habrían ingresado violentamente a su domicilio y que su esposo habría sido torturado.
Por su parte, Rosibel Suástegui Jacinto, esposa de Modesto, relató que agentes ministeriales llegaron alrededor de las tres de la madrugada del 1 de diciembre de 2022 a los domicilios, golpearon las puertas y realizaron disparos.
Aseguró que recibió un impacto de bala en una rodilla y que posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. También denunció que habría recibido amenazas relacionadas con sus hijos y que fue intimidada para que no relatara públicamente lo ocurrido.
“Mis hijos preguntan por su papá”, expresó al exigir al Gobierno revisar el caso y permitir que su esposo y su suegro recuperen su libertad.
Doña Rosa, esposa de Maximino, relató entre lágrimas que su esposo lleva ocho años en prisión y que su estado de salud se ha deteriorado con el paso del tiempo. Señaló que actualmente tiene problemas de memoria, audición y visión, y pidió que se revise su situación jurídica.
“Esperamos estar nuevamente juntos”
Mientras las familias y los integrantes del CECOP permanecían afuera del penal, los abogados de Tlachinollan lograron ingresar alrededor de las 2 de la tarde, aunque señalaron que tuvieron dificultades para acceder.
Posteriormente transmitieron un mensaje de Rodrigo, Modesto y Maximino dirigido a las organizaciones y personas que acudieron a expresarles su solidaridad:
“Quedamos agradecidos, quedamos sin palabras por lo que nos hizo este gobierno, pero esperamos estar nuevamente juntos”.
La jornada concluyó con el reclamo de las familias y comuneros del CECOP para que se revisen los procesos judiciales de sus compañeros y se garantice el respeto de sus derechos humanos.
Tlachinollan y las organizaciones participantes adelantaron que permanecerán atentos al desarrollo de los procesos y continuarán demandando que las autoridades judiciales analicen las pruebas de la defensa y determinen, conforme a derecho, la situación de los integrantes del CECOP.
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