Abogados de Tlachinollan y de la Misión Civil de Observación Sexta aseguran que la detención del dirigente del Cipog-EZ violó el debido proceso y afirman que la acusación en su contra carece de pruebas suficientes; esperan que un tribunal revise el caso en los próximos días
Texto: Eduardo Yener Santos
Fotografía: Fernando Foster
Chilpancingo, Gro., 29 de julio de 2026.— La defensa jurídica del promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, informó que interpuso un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, al considerar que durante su detención y el desarrollo del procedimiento judicial se cometieron diversas violaciones al debido proceso.
En conferencia de prensa, los abogados Aron Díaz y Rogelio Teliz, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como Javier Rodríguez, de la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-Sexta), señalaron que el recurso fue presentado este miércoles y confiaron en que, en un plazo aproximado de 15 días, una Sala Penal Unitaria revise el caso.
La defensa sostuvo que el juez de Control, Ubaldo de la Sancha, no valoró diversas pruebas aportadas por los abogados, entre ellas el reconocimiento oficial de Jesús Plácido Galindo como persona defensora de derechos humanos incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del que es beneficiario desde el 4 de enero de 2024.
Asimismo, cuestionaron la forma en que se realizó la detención del dirigente indígena el pasado 17 de julio, al asegurar que fue ejecutada mediante un operativo en el que participaron más de 40 agentes encapuchados. Añadieron que, inicialmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo señaló públicamente por presuntos delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado; sin embargo, afirmaron que en la carpeta de investigación únicamente se le atribuye el delito de homicidio preterintencional.
Los abogados también señalaron que la carpeta de investigación fue iniciada en 2022, pero se reactivó el 3 de junio de este año, después de que Josefina Xanteco, hija del excomisario José Pablo Xanteco Bartolo, rindiera una declaración en la que señaló a Jesús Plácido Galindo como presunto responsable del homicidio de su padre.
De acuerdo con la defensa, además de ese testimonio únicamente existe la declaración de otro testigo que falleció en 2022, por lo que consideran que no hay elementos suficientes para sostener la imputación.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, sostuvo que la detención del dirigente indígena obedece a una “consigna” del Gobierno del Estado y afirmó que existe una campaña para criminalizarlo por las denuncias realizadas tras los ataques armados ocurridos los días 9 y 11 de mayo en comunidades indígenas del municipio de Chilapa.
Durante la conferencia también participó Áurea Oropeza Calderón, esposa de Jesús Plácido Galindo, quien aseguró que el operativo mediante el cual fue detenido su esposo no fue una revisión de rutina, sino una acción dirigida específicamente para capturarlo cuando circulaba cerca de la cabecera municipal de San Marcos.
La mujer también acusó que el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, insistió en dos ocasiones para que Jesús Plácido acudiera ese día a una reunión en Acapulco, aunque, según dijo, nunca le precisó el lugar ni la hora del encuentro.
Respecto a la retención de los funcionarios estatales Rafael Julián Arcos, Germán Herrera Clemente y un trabajador más en la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, Áurea Oropeza afirmó que su liberación fue resultado de un acuerdo tomado por la asamblea comunitaria y no de una negociación con el Gobierno del Estado.
Sostuvo que la comunidad decidió liberar a los retenidos por razones humanitarias, debido a los problemas de salud que presentaban, y aseguró que las autoridades estatales no acudieron al poblado para dialogar con los habitantes.
Finalmente, indicó que, tras la liberación, ambas partes firmaron un acta de acuerdos en la que, según afirmó, el Gobierno del Estado se comprometió a no emprender acciones legales contra habitantes de Buenavista y a mantener durante los próximos tres meses una mesa de diálogo sobre el proceso judicial que enfrenta Jesús Plácido Galindo.
Deja una respuesta