Diputadas y activista proponen reformar leyes federales para garantizar derechos de niñas, niños y madres víctimas de violencia; denuncian que requisito han frenado estudios, trabajo y movilidad internacional
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo, Gro., 29 abril de 2026.-En el Congreso del Estado de Guerrero fue presentada la iniciativa conocida como “Ley Teresa”, una propuesta que busca eliminar la obligatoriedad de la firma del padre en trámites como pasaportes o salidas del país, cuando exista violencia, abandono o incumplimiento de obligaciones alimentarias.
La iniciativa surge a partir del testimonio de la activista y catedrática Teresa Nava Alfaro, quien denunció que durante años ha enfrentado obstáculos legales que le impidieron acceder a oportunidades académicas en el extranjero debido a la negativa del padre de su hija para autorizar los trámites correspondientes.
“Perdí oportunidades de crecimiento profesional porque la ley exige la firma de quien no ha estado presente en la vida de mi hija”, expuso, al señalar que esta situación representa una forma de violencia que afecta a miles de mujeres en el país.
La propuesta fue impulsada por la diputada Marisol Bazán Fernández y respaldada por legisladoras locales, quienes explicaron que contempla reformas a la Ley de Migración, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Entre los puntos centrales, se plantea que cuando la madre acredite violencia familiar o que el padre es deudor alimentario, no sea necesario su consentimiento para que los menores puedan salir del país, priorizando el interés superior de la niñez.
Además, se busca reconocer este tipo de casos como violencia vicaria dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, obligando a que los trámites administrativos y judiciales se realicen con perspectiva de género.
Las legisladoras señalaron que la iniciativa será turnada al Congreso de la Unión, ya que implica modificaciones a leyes federales, y confiaron en que pueda avanzar ante la creciente visibilización de este problema.
Finalmente, Teresa Nava subrayó que este esfuerzo no es un caso aislado, sino una demanda colectiva de mujeres que han visto limitados sus derechos por vacíos legales, por lo que llamó a no normalizar este tipo de violencia institucional.
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