María del Rosario Bustillos afirma que un nuevo reglamento interno limita la libertad de expresión de regidores y viola principios constitucionales; Diputada del PAN anuncia respaldo y revisión del caso en el Congreso
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo, Gro., 14 de abril de 2026.-En Iguala, Guerrero, la regidora de Educación y Juventud, María del Rosario Bustillos Muñoz, denunció la aprobación de un reglamento interno de Cabildo que asegura vulnera derechos constitucionales al restringir la libertad de expresión de los ediles.
En entrevista, la funcionaria señaló que el nuevo ordenamiento, aprobado el pasado 9 de abril, impide a regidores emitir declaraciones a medios de comunicación sobre asuntos políticos municipales, lo que calificó como una “medida de censura” contraria a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
“Nos están imponiendo una ley mordaza que limita nuestro derecho a informar a la ciudadanía. La pregunta es: ¿qué tienen que esconder?”, cuestionó.
Bustillos Muñoz, explicó que el conflicto se originó tras la sesión de Cabildo del 30 de marzo, en la que se aprobó el presupuesto de egresos 2026. La regidora votó en contra al señalar inconsistencias, como el incremento de aproximadamente 17 millones de pesos en gasto de gasolina pese a que el parque vehicular se mantiene sin cambios, así como diferencias en los tabuladores salariales entre áreas del Ayuntamiento.
Posteriormente, afirmó, comenzaron represalias en su contra, incluyendo la reducción de recursos para gestión, retiro de personal de apoyo y aislamiento dentro del Cabildo.
El reglamento, detalló, incluye disposiciones que obligan a los ediles a reservar información cuya difusión “pueda afectar al Ayuntamiento”, además de prohibir la grabación o publicación de sesiones de Cabildo en medios o redes sociales. También contempla sanciones como amonestaciones, multas económicas e incluso la solicitud de suspensión o revocación del cargo ante el Congreso estatal.
La regidora argumentó que estas medidas contravienen los artículos 6º y 7º de la Constitución mexicana, que garantizan el derecho a la información y la libertad de expresión.
Asimismo, vinculó la aprobación del reglamento con su exigencia de investigar un presunto desvío de recursos en el mercado municipal, caso por el cual solicitó una sesión extraordinaria que, dijo, no fue atendida.
Ante esta situación, la edil acudió a instancias federales para denunciar lo que considera violaciones a sus derechos, incluyendo una manifestación en Palacio Nacional para exponer el caso ante la presidenta de la República.
Por su parte, la diputada local María Irene Montiel Servín, expresó su respaldo a la regidora y adelantó que se revisará la legalidad del reglamento. “Se tiene que analizar si este documento es válido. No solo se está limitando la libertad de expresión de una persona, sino de todo el Cabildo, y además hay indicios de violencia política”, señaló.
La legisladora agregó que el Congreso del estado podría intervenir si se confirma que el reglamento contraviene la Constitución, y subrayó que ninguna autoridad puede restringir el derecho a la libre expresión.
El caso ha abierto un nuevo debate sobre los límites de la regulación interna en los ayuntamientos y la obligación de garantizar la transparencia en el ejercicio del poder público.
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