Denuncian simulación y falta de justicia en casos emblemáticos de violencia en Guerrero
Durante un foro realizado en Chilpancingo, activistas, académicos y víctimas coincidieron en que los gobiernos actuales, han incumplido con su promesa de justicia en casos de violaciones graves a los derechos humanos como Aguas Blancas, El Charco y Ayotzinapa
Se exigió reabrir investigaciones y castigar a los responsables materiales e intelectuales
Texto: Yener de los Santos
Fotografía: Hilda Perales
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 25 de junio de 2025.— Durante el foro “Impunidad en las Violaciones a los Derechos Humanos”, convocado por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y el Centro Internacional de Estudio y Promoción de las Economías Sociales (CIEPES) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), activistas y académicos denunciaron que ningún gobierno de la Cuarta Transformación ha demostrado voluntad real para hacer justicia a las víctimas de crímenes de Estado.
Uno de los ejes del encuentro fue la persistente impunidad en el caso de la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, donde 17 campesinos fueron asesinados por policías estatales en Coyuca de Benítez. La dirigente de la OCSS, Norma Mesino Mesino, subrayó que, a 30 años de los hechos, no existe una investigación contra el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, pese a las evidencias públicas.
“Desde el inicio, hubo protección institucional. El Estado aplicó una estrategia de división entre viudas y sobrevivientes para debilitar el movimiento social”, denunció. Agregó que Aguas Blancas debe considerarse un crimen de lesa humanidad, y por tanto, no debe prescribir.
Mesino exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a pronunciarse públicamente y promover la reapertura del caso para castigar a los responsables.
Por su parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, destacó que Guerrero vive desde la década de 1960 una constante represión violenta contra organizaciones sociales, sin que exista un proceso real de justicia.
Enumeró una serie de casos emblemáticos: el movimiento estudiantil-popular de 1960, la masacre de Aguas Blancas (1995), la matanza de El Charco en Ayutla (1998), el desalojo violento de normalistas en Ayotzinapa (2011), la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (2014), y más recientemente, el asesinato del activista Marco Antonio Suástegui Muñoz en abril de este año.
Rosales lamentó que, pese a las expectativas generadas por el arribo de Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018, la justicia transicional propuesta por organizaciones sociales no se haya concretado. “Solo se creó una comisión especial para el caso Ayotzinapa, pero estuvo cooptada por intereses gubernamentales”, dijo.
A nivel nacional, sostuvo, no hay condiciones ni interés por implementar un verdadero modelo de justicia transicional, que incluya mecanismos para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
En el foro también participó Diana Hernández Hernández, hija del asesinado dirigente social Ranferi Hernández Acevedo, quien denunció que a ocho años del crimen, no hay avances en las investigaciones.
Asimismo, Eustolia Castro Ramírez, viuda de una de las víctimas de la masacre de El Charco, reiteró que su caso continúa en total impunidad.
El exgobernador y académico de la UAGro, Rogelio Ortega Martínez, criticó que los actuales gobiernos de Morena simulan ser de izquierda, pero han olvidado sus compromisos con las luchas sociales. “Morena puede seguir ganando elecciones, pero sin vínculo con las causas del pueblo, será solo un gobierno de simulación”, advirtió.
En representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el maestro Gonzalo Martínez Villagrán, llamó a los movimientos sociales de Guerrero a unificar sus esfuerzos para exigir que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de Aguas Blancas y libere a Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre, encarcelado desde 2001 en el estado de Morelos.
También participaron la activista Roberta Campos Adame, del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60; Nicomedes Fuentes García, exintegrante de la Comisión de la Verdad; y Gilberto Aguirre Bahena, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, entre otros líderes sociales y defensores de derechos humanos.
