RSF y Amnistía Internacional exigen investigar asesinato de periodista Eduardo Flores; piden no descartar móvil profesional
Ambas organizaciones internacionales demandaron a la Fiscalía de Guerrero una investigación exhaustiva e imparcial que considere su actividad periodística y posibles motivaciones discriminatorias; advierten sobre la violencia y la impunidad que enfrenta la prensa en la entidad
Texto: Eduardo Yener Santos
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo, Gro., 17 de noviembre de 2026.— Las organizaciones internacionales Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional (AI) condenaron el asesinato del periodista guerrerense Eduardo Flores Salado, de 42 años, y exigieron a las autoridades investigar todas las líneas posibles, sin descartar que el crimen esté relacionado con su actividad profesional o con posibles motivaciones discriminatorias.
A través de pronunciamientos difundidos este martes, ambos organismos demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que permita esclarecer el homicidio, identificar a todas las personas responsables y garantizar justicia para sus familiares.
RSF, mediante su director para América Latina, Artur Romeu, calificó el asesinato como un hecho extremadamente grave y señaló que las autoridades deben investigar todas las hipótesis, incluida la posibilidad de que el crimen esté relacionado con los más de 15 años de trayectoria periodística de Flores Salado.
La organización también llamó a reforzar la protección de la prensa en Guerrero, al que consideró uno de los estados más peligrosos de México para ejercer el periodismo.
En su pronunciamiento, RSF recordó que durante una misión realizada en México en octubre pasado alertó a las autoridades sobre la persistencia de la violencia contra periodistas y la falta de avances sustanciales en materia de protección y combate a la impunidad.
Además, señaló que de los 22 compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum ante la organización, menos de una tercera parte registró avances y ninguno fue significativo.
“Este nuevo asesinato demuestra, una vez más, la urgencia de traducir esos compromisos en medidas concretas y eficaces para proteger a los periodistas y garantizar que se haga justicia”, expuso RSF.
La organización indicó que tenía conocimiento de que Eduardo Flores no había recibido amenazas recientes y que tampoco contaba con medidas de protección.
Por su parte, Amnistía Internacional exigió que la labor periodística de la víctima sea considerada de manera prioritaria como una posible línea de investigación. También pidió que no se descarten otras hipótesis, incluidas aquellas relacionadas con posibles motivaciones discriminatorias.
AI manifestó su solidaridad con la familia, amistades y colegas del comunicador, así como con la comunidad periodística que exige justicia. Advirtió que el asesinato ocurre en un contexto de violencia persistente contra quienes ejercen el periodismo en México, donde las amenazas, agresiones y la impunidad ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
El organismo llamó a las autoridades estatales y federales a garantizar condiciones de seguridad para periodistas en Guerrero, especialmente para quienes enfrentan riesgos derivados de su trabajo, y a implementar medidas efectivas para prevenir nuevas agresiones.
Eduardo Flores Salado tenía más de 15 años de trayectoria y trabajó en medios como Novedades Acapulco y Enfoque Informativo. Cubrió temas de espectáculos, turismo, denuncias ciudadanas, servicios públicos, escasez de agua, movilizaciones magisteriales, seguridad y desapariciones de personas. Hace dos años participó en la creación de Prensa Rosa, un colectivo de periodistas LGBT+ de Guerrero.
Su cuerpo fue localizado el 14 de noviembre en la colonia Canuto Nogueda, en el poblado de La Sabana, zona rural de Acapulco.
Las exigencias de RSF y Amnistía Internacional se suman a los reclamos de periodistas guerrerenses, quienes han demandado que el asesinato no quede impune y que las autoridades investiguen si su labor informativa tuvo relación con el crimen.

