Consejera del INE acusa retroceso en derechos políticos de mujeres indígenas tras fallo del tribunal electoral de Guerrero
Ma. Antonia Ramírez Marcelino cuestionó la reducción de 18 a tres municipios con candidaturas exclusivas para mujeres y advirtió que someter estos derechos a consulta después del proceso electoral 2026-2027 representa postergar el acceso de las mujeres indígenas y afromexicanas a los cargos públicos
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 30 octubre de 2026. – La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Ma. Antonia Ramírez Marcelino, calificó como un retroceso en los derechos político-electorales de las mujeres indígenas la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGro) que redujo de 18 a tres los municipios donde se aplicarán candidaturas exclusivas para mujeres durante el proceso electoral 2026-2027.
Durante su intervención en una sesión del Consejo General del INE, Ramírez Marcelino expresó su respaldo a las mujeres indígenas de distintas regiones de Guerrero que acudieron al tribunal electoral para exigir que se respeten sus derechos de participación política, algunas de las cuales realizaron traslados de más de ocho horas para estar presentes.
Señaló que la resolución deja fuera a 15 municipios, de los cuales 13 cuentan con población indígena y dos corresponden al pueblo afromexicano, localidades donde las mujeres enfrentan condiciones históricas de exclusión para acceder a los cargos de representación popular.
La consejera consideró que la reducción disminuye considerablemente el alcance de una acción afirmativa diseñada para corregir la desigualdad en el acceso de las mujeres al poder municipal.
Argumentó que el artículo segundo de la Constitución reconoce expresamente el derecho de las mujeres indígenas a votar y ser votadas en condiciones de igualdad, además de establecer la obligación del Estado de garantizar su participación efectiva en los espacios de decisión.
“En este momento solamente las mujeres indígenas votamos, pero todavía no alcanzamos esas condiciones de igualdad para poder participar”, manifestó.
También cuestionó que el tribunal electoral haya instruido realizar consultas en los municipios excluidos después del proceso electoral, al considerar que los derechos políticos de las mujeres son derechos humanos y no deben quedar sujetos a la aprobación de las mayorías.
Advirtió que en las asambleas comunitarias podrían prevalecer decisiones de autoridades tradicionales integradas mayoritariamente por hombres, lo que podría reproducir condiciones de exclusión hacia las mujeres.
“La consulta no puede convertirse en un instrumento para justificar la exclusión política ni para posponer la garantía de sus derechos”, sostuvo.
Ramírez Marcelino, también invocó los compromisos internacionales asumidos por México, particularmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Recomendación General número 39 de 2022, relacionada con los derechos de las mujeres y niñas indígenas.
Indicó que estos instrumentos establecen obligaciones para garantizar la participación política efectiva de las mujeres indígenas y su presencia en condiciones de igualdad en los espacios de toma de decisiones.
La consejera electoral se sumó al pronunciamiento de las mujeres guerrerenses que anunciaron acciones jurídicas contra la resolución del tribunal local y sostuvo que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas debe respetarse, pero no utilizarse para suspender o aplazar el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres.
