Ante la CIDH, activista guerrerense denuncia 96.5% de impunidad en ataques contra defensores y periodistas
Marcela de Jesús Natalia, sobreviviente de un atentado armado y desplazamiento forzado, afirmó ante la Comisión Interamericana que de 113 homicidios y desapariciones documentados entre 2022 y septiembre de 2026, solo cuatro han terminado en sentencia condenatoria
Texto: Eduardo Yener Santos
Chilpancingo, Gro., 29 de octubre de 2026.- La activista indígena ñomndaa de Xochistlahuaca, Marcela de Jesús Natalia, llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la crisis de violencia e impunidad que, afirmó, enfrentan en México periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Durante la continuación de las audiencias del 197 periodo de sesiones de la CIDH, realizadas en Panamá, la defensora guerrerense denunció que el 96.5 por ciento de los casos de homicidios y desapariciones de personas defensoras documentados entre enero de 2022 y septiembre de 2026 permanecen sin una sentencia condenatoria.
Acompañada por el abogado Saulo Loya Valenzuela, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Marcela de Jesús expuso ante el organismo internacional tanto su propia historia de victimización como el panorama que enfrentan periodistas y defensores en México.
De acuerdo con las cifras presentadas durante la audiencia y atribuidas a organizaciones sociales, entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de septiembre de 2026 se documentaron 113 homicidios y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos.
De esos casos, señaló, únicamente 20 han sido judicializados y cuatro cuentan con sentencia condenatoria, lo que representa un nivel de impunidad del 96.5 por ciento.
La activista advirtió que la falta de resultados judiciales no solo deja sin justicia a las víctimas y sus familias, sino que también contribuye a la continuidad de las agresiones.
“En México defender derechos humanos y ejercer la libertad de expresión puede tener consecuencias letales, sin que existan garantías de justicia”, sostuvo ante la CIDH.
De víctima a denunciante ante organismos internacionales
Marcela de Jesús Natalia habló también desde su propia experiencia.
La activista indígena permaneció más de cinco años encarcelada y posteriormente fue víctima de un atentado armado ocurrido el 3 de junio de 2017 en Ometepec.
A consecuencia de su labor en la defensa de los derechos humanos y la comunicación, señaló, también enfrentó desplazamiento forzado interno.
Desde esa experiencia, denunció que para las víctimas el acceso a la justicia puede convertirse en un proceso marcado por el desgaste físico, económico y emocional.
“La mayoría de los ataques graves contra personas defensoras no alcanza una respuesta judicial efectiva, sino que permanecen en la impunidad y favorecen la continuidad de la violencia”, expuso.
Durante la audiencia, Marcela de Jesús y Tlachinollan plantearon ante la CIDH las condiciones que enfrentan periodistas y defensores en distintas regiones del país, particularmente frente a la violencia y la insuficiencia de las medidas de protección y procuración de justicia.
Tlachinollan: México enfrenta dos tragedias
Saulo Loya Valenzuela intervino en representación de más de 120 organizaciones de la sociedad civil y sostuvo que México enfrenta una doble problemática: por un lado, la violencia contra quienes defienden derechos humanos y, por otro, la insuficiencia de las instituciones para prevenirla, investigarla y sancionarla.
El abogado guerrerense señaló que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos debido al número de asesinatos, desapariciones y agresiones contra personas defensoras.
La segunda tragedia, afirmó, es que las acciones emprendidas por el Estado mexicano para proteger a estas personas, investigar los delitos y sancionar a los responsables continúan siendo insuficientes.
México defiende actuación de sus instituciones
En representación del Estado mexicano participó Alejandro Encinas Rodríguez, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien aseguró durante la audiencia que la protección de los derechos humanos es atendida de manera transversal por las instituciones federales y estatales.
También participaron representantes de organizaciones civiles de Sinaloa y Chiapas, quienes expusieron problemáticas relacionadas con la violencia y las condiciones que enfrentan periodistas y defensores en sus respectivas entidades.
Por parte de la CIDH participaron su presidente, Edgar Stuardo Ralón Orellana; el comisionado Riyad Insanally; el especialista en derechos humanos George Lima, así como la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas.
La denuncia de la activista guerrerense coloca nuevamente ante organismos internacionales un problema que las organizaciones defensoras consideran estructural: la violencia contra quienes ejercen el periodismo o defienden derechos humanos no termina necesariamente con la agresión; en muchos casos, la falta de justicia prolonga la condición de vulnerabilidad de las víctimas.