Votar nombramientos en el Poder Judicial pervierte la democracia, advierte Bernardo Ortega

“Una gran dosis de simulación cuando se afirma que el pueblo va a decidir», señala el perredista sobre la reforma de AMLO

Texto: Staff 

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 03 de julio de 2024.- “Llevar a la votación popular el nombramiento de los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, es una perversión de la democracia participativa”, advirtió el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez.

Al intervenir en la sesión de la Permanente este miércoles con el tema de la reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ortega Jiménez consideró que existe “una gran dosis de simulación cuando se afirma que el pueblo va a decidir, cuando lo que se le hará llegar son listas de candidatos previamente seleccionados por el Poder Legislativo, el Ejecutivo y del propio Poder Judicial”.

En ese sentido, explicó que el Ejecutivo federal podrá postular hasta diez candidaturas de forma paritaria, el Poder Judicial (a través del pleno de la SCJN) impulsará diez más, y cada cámara del Congreso de la Unión propondrá cinco candidaturas. Es decir, votarán por “recomendados”, por aquellas personas allegadas a cada uno de ellos.

Bajo este esquema, cuestionó: “¿cómo se asegurará que la persona sea profesional y, sobre todo, que tenga experiencia en la tarea más importante, la de impartir justicia? El esquema actual de acceso a través del Servicio Civil de Carrera y de examen de oposición permite que la persona designada tenga conocimientos y experiencia como juzgadora, y esto es lo que se quiere eliminar”.

Bernardo Ortega dijo que la mayoría de los mexicanos “estamos de acuerdo con la necesidad de modificar la forma en que trabaja el Poder Judicial, para poder llegar a una justicia pronta y expedita, sin corrupción y sin discriminación, y que no beneficie a unos cuantos, en especial a los dueños del dinero o que la justicia sea para quien tenga para pagarla”.

Opinó que con los cambios, se afectará la imparcialidad y autonomía de los impartidores de justicia en el país.

Pero si como se sospecha –prosiguió–, hay una gran dosis de revancha por parte del Presidente por los reveses que le propinó el Poder Judicial en estos años, “sería lamentable que se desaproveche esta oportunidad que tiene la mayoría de Morena para reacondicionarlo, modernizarlo y hacerlo más eficaz y eficiente”.

Puso como ejemplo las controversias constitucionales donde en el actual sexenio el Ejecutivo tenía interés, y la SCJN procedió a la suspensión de los actos porque no se cumplió con la normatividad ambiental, como fue el caso del Tren Maya.

El legislador criticó que en el propósito de avanzar a un estatus de mayor justicia para los mexicanos, se deje fuera a la Fiscalía General de Justicia. “Se olvida que el Ministerio Público es esencial en el proceso de procuración de justicia y que su debilidad en la integración de las carpetas de investigación es parte fundamental en la impartición de justicia”, dijo.

“Es cierto que son necesarios cambios para corregir las fallas en la administración de justicia, pero también lo es que muchos de los fallos que emiten son producto de la deficiente integración de las carpetas de investigación que les hacen llegar los ministerios públicos en los casos penales”, abundó.

A la vez que se pronunció a favor de cambiar el esquema en el que está operando el Poder Judicial, la configuración del Consejo de la Judicatura y generar una institución que atienda las responsabilidades de los funcionarios y jueces.

A la vez que llamó a poner atención a otro aspecto de la reforma: “¿Cómo podrán los nuevos jueces, sin experiencia, sin carrera judicial, (algunos sin perfil), mejorar lo que ahora se tiene? Cuando se desconoce cómo funciona el Poder Judicial, cómo se aplican los criterios de interpretación jurídica”.

Explicó que en los transitorios de la iniciativa de reforma se tiene contemplado el despido de jueces y magistrados, al respecto preguntó: “¿Se imaginan la carga de demandas que ocasionará el despido de mil 665 jueces, ministros y magistrados? Todos con derechos laborales adquiridos a través de los años. ¿Cómo se enfrentará esta carga presupuestaria?”.

Esto, porque al momento de despedirlos o de quitarlos del cargo que ostentan, se les estaría violando su derecho a la estabilidad laboral de que deben gozar todos los impartidores de justicia, y esto no lo digo yo, son criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ortega Jiménez reconoció que “hay una apertura a escuchar las voces en torno a esta reforma. En los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial se ha dado una importante reflexión por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de académicos y litigantes”.

“No toda la propuesta es mala o deficiente, sino que al contrario, es una oportunidad para hacer los cambios necesarios al Poder Judicial Federal, para que los mexicanos podamos tener garantizada una justicia imparcial, pronta y expedita”, añadió.

Por eso, llamó a analizar el alcance y las consecuencias de designar a los jueces a través del voto popular, sus implicaciones externas que rodean a una elección popular, los compromisos que se adquieren por los aspirantes y que indudablemente afectará la autonomía e independencia de que deben gozar los impartidores de justicia.