Cumplen cuatro días de protestas trabajadores del Poder Judicial en Chilpancingo; denuncian incertidumbre laboral y hostigamiento
Los manifestantes marcharon sobre el bulevar Vicente Guerrero y exigieron respeto a sus derechos adquiridos, un aumento salarial que recupere el poder adquisitivo y garantías contra la movilidad forzada y las evaluaciones que advierten, podrían derivar en sanciones o despidos
También denunciaron presuntos actos de acoso laboral y pidieron la intervención de las autoridades judiciales
Texto: Fernando Foster
Fotografía: Jesús de la Cruz
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 23 de octubre de 2026.— Por cuarto día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) marcharon sobre el bulevar Vicente Guerrero, en Chilpancingo para exigir una respuesta a sus demandas laborales y denunciar que las nuevas disposiciones relacionadas con evaluaciones, cambios de adscripción y condiciones de trabajo mantienen al personal en un escenario de incertidumbre.
Durante una conferencia de prensa, representantes de distintos órganos jurisdiccionales señalaron que entregaron un pliego petitorio al Órgano de Administración Judicial y extendieron sus exigencias a la Cámara de Diputados y a la Presidencia de la República. Sostuvieron que las medidas cuestionadas deben revisarse a la luz de los derechos laborales que quedaron protegidos en el régimen transitorio de la reforma judicial de 2024.
La protesta ya no se limita a la inconformidad por las posibles reubicaciones del personal. Los trabajadores sumaron reclamos por la falta de sustituciones durante las licencias, la pérdida del poder adquisitivo, la incertidumbre sobre los criterios de evaluación y presuntos actos de hostigamiento laboral.
Carlos uno de los inconformes, cuestionó la iniciativa de ley presentada el 6 de octubre, al considerar que podría afectar los derechos adquiridos de la base trabajadora.
Explicó que, su interpretación de las disposiciones propuestas, las evaluaciones podrían tener consecuencias administrativas si el personal no obtiene resultados satisfactorios, sin que exista suficiente claridad sobre los mecanismos, criterios y garantías para defenderse.
Los trabajadores sostuvieron que no rechazan la capacitación ni la profesionalización, pero sí los procedimientos que podrían utilizarse de manera arbitraria para suspenderlos o separarlos de sus cargos.
Argumentaron que muchos ingresaron mediante exámenes, concursos y procesos de formación, además de que su desempeño es revisado cotidianamente por sus superiores a través de los acuerdos, expedientes y resoluciones que elaboran.
“Sí a la capacitación, sí a la profesionalización, sí a la mejora del servicio de justicia, pero no a la arbitrariedad, no a la incertidumbre laboral”, expresó una representante del personal del juzgado séptimo.
Otro de los principales puntos de inconformidad es la posibilidad de que el personal sea trasladado a otras sedes judiciales.
Irán Román Mojica sostuvo que, los trabajadores fueron contratados para desempeñar sus funciones en órganos de adscripción determinados y rechazó que puedan ser reubicados sin una justificación que consideren legal y suficiente.
Advirtió que los cambios de ciudad implicarían gastos adicionales de transporte, renta y manutención, además de dificultades para atender a sus familias.
Los manifestantes insistieron en que la estabilidad laboral no solo representa la conservación de un puesto, sino también la posibilidad de organizar la vida familiar y económica con base en las condiciones bajo las cuales fueron contratados.
Lucero Chávez Rodríguez señaló que, desde 2018, el personal ha enfrentado una pérdida del 21 por ciento de su poder adquisitivo en términos reales, por lo que consideró insuficiente el incremento salarial acumulado de 4.5 por ciento al que hizo referencia durante su intervención.
La trabajadora sostuvo que el ajuste salarial debe contemplar tanto la inflación como un componente adicional que permita recuperar parte del poder de compra perdido.
También denunciaron que el Órgano de Administración Judicial no autoriza de manera general las sustituciones de personal cuando se conceden licencias médicas, de maternidad, paternidad o sin goce de sueldo.
Explicaron que, cuando un trabajador se ausenta con una licencia autorizada, sus funciones suelen distribuirse entre el resto de sus compañeros, lo que incrementa las cargas de trabajo y puede afectar la organización de las actividades e incluso la salud del personal.
Como ejemplo, una de las participantes relató que, tras sufrir una fractura expuesta en la muñeca izquierda en 2013, necesitó dos operaciones y una licencia médica. Señaló que, sin una persona que cubriera sus funciones durante ese periodo, sus responsabilidades habrían recaído en sus compañeros.
Durante la conferencia, el delegado sindical José Uriel Vega Sierra denunció presuntos actos de hostigamiento y acoso laboral contra trabajadores por parte de titulares de órganos jurisdiccionales en Chilpancingo.
Aseguró que existen quejas presentadas ante las instancias correspondientes y solicitó la intervención del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial para que sean investigadas y se determinen las medidas que procedan.
Vega Sierra, también cuestionó la decisión de un tribunal colegiado de declarar una jornada como inhábil, pero laborable, durante las movilizaciones. Esa determinación podría abrir la posibilidad de descuentos salariales a quienes no acudieran a trabajar mientras participaban en la protesta.
El representante sindical consideró que esta situación podría desalentar la movilización y pidió que se respete el derecho de los trabajadores a manifestarse pacíficamente.
Los trabajadores afirmaron que su movimiento cuenta con el respaldo de abogados litigantes y de personal de distintos órganos judiciales. También expresaron solidaridad con compañeros de otras entidades que enfrentan conflictos laborales similares.
Pidieron que sus demandas sean atendidas y que las autoridades emitan respuestas concretas sobre el salario, las evaluaciones, la movilidad, las sustituciones por licencias y las denuncias de hostigamiento.
Mientras no exista una respuesta que atienda los puntos del pliego petitorio, los inconformes advirtieron que mantendrán su protesta y continuarán las acciones para hacer visibles sus demandas.
“En unidad vamos a poder hacer que toda esta situación disminuya o desaparezca”, expresó el delegado sindical, quien reiteró el llamado a las autoridades para que revisen las quejas presentadas y garanticen el respeto a los derechos laborales.
