El presidente de la Jucopo, Joaquín Badillo, confirmó que ya son dos diputadas de Morena —Guadalupe García Villalba y Catalina Apolinar Santiago— que han reportado irregularidades en cheques emitidos a sus nombres
Revela que los ocho trabajadores señalados ya fueron cesados del Congreso y pidió esperar las investigaciones de la Fiscalía y el Órgano Interno de Control antes de señalar responsables
Texto: Rangel Ventura
Fotografía: Fernando Foster
Chilpancingo, Gro., 22 de septiembre de 2026.— El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, aseguró que el Poder Legislativo no encubrirá a ninguna persona involucrada en las investigaciones por presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques a nombre de diputadas y diputados.
En entrevista en el lobby del Congreso, el coordinador de Morena explicó que el caso surgió durante el proceso de entrega-recepción de la administración del Congreso, procedimiento que contempla un plazo legal de 30 días para integrar y revisar documentación administrativa y financiera.
Badillo señaló que, durante esa revisión, surgieron diversos hallazgos y fue solicitada una prórroga de 20 días hábiles para concluir la integración de la información, antes de turnarla al Órgano Interno de Control.
El legislador sostuvo que será esa instancia, y en los casos donde existen denuncias la Fiscalía General del Estado, la que determine si existen responsabilidades administrativas o penales.
Ya son dos diputadas que reportan irregularidades
El caso tomó relevancia inicialmente a partir de la denuncia presentada por la diputada morenista Guadalupe García Villalba, quien reportó ante la Fiscalía la presunta falsificación de su firma y el cobro de cheques emitidos a su nombre.
La Fiscalía solicitó al Congreso información relacionada con 49 cheques y documentación laboral de ocho personas, como parte de la investigación por posibles delitos que incluyen abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración de documentos, fraude y peculado.
Posteriormente, la diputada Catalina Apolinar Santiago reportó que detectó 111 documentos con diversas cantidades emitidos a su nombre que, según su versión, ella no cobró. El dato fue difundido en información periodística retomada de una investigación de Reforma.
Esto amplía el alcance del caso, aunque el número de documentos reportados por cada legisladora no significa por sí mismo que todos hayan sido acreditados por la autoridad como operaciones fraudulentas.
“No se va a solapar ni encubrir a nadie”
Ante la situación, Badillo afirmó que la Jucopo tomó una decisión colectiva para permitir que las instancias correspondientes realicen las investigaciones.
“No se va a solapar ni encubrir a nada ni a nadie”, sostuvo el legislador.
Agregó que la postura del órgano que encabeza es privilegiar la transparencia, rendición de cuentas y honestidad, pero subrayó que la Jucopo no puede determinar por sí misma la culpabilidad o inocencia de una persona.
“Nosotros no podemos determinar una culpabilidad o no; para eso están las instancias correspondientes”, señaló.
Badillo insistió en que cada diputada y diputado tiene responsabilidades tanto colectivas como individuales respecto de la comprobación de los recursos que recibe, por lo que los casos deben analizarse de manera particular.
Pide prudencia sobre los 111 cheques
El presidente de la Jucopo evitó confirmar públicamente cuántos cheques fueron emitidos o cobrados a nombre de cada legislador.
Explicó que asumió la presidencia de la Jucopo el 10 de junio de 2026 y que la revisión comprende documentación correspondiente a meses anteriores, por lo que, dijo, no puede afirmar qué recursos recibió, ejerció o comprobó cada diputado antes de su llegada.
“Yo no sé exactamente los cheques que han recibido los diferentes diputados y diputadas y desconozco incluso sus comprobaciones”, expresó.
También rechazó adelantar hipótesis sobre el posible mecanismo mediante el cual se habrían realizado las operaciones cuestionadas.
Las sanciones dependerán de las investigaciones
Badillo recordó que, en caso de que el Órgano Interno de Control determine responsabilidades administrativas, las sanciones previstas por la legislación pueden ir desde amonestaciones privadas o públicas hasta inhabilitaciones, mientras que aquellos hechos que pudieran constituir delitos pueden ser turnados a las instancias competentes, incluida la Fiscalía Anticorrupción.
Respecto a los trabajadores que fueron relacionados con la investigación, el diputado confirmó que ocho personas fueron dadas de baja mediante actas de cese, al encontrarse vinculadas a una investigación judicial.
La Fiscalía, por su parte, mantiene abierta la indagatoria relacionada con los cheques denunciados por García Villalba y ha requerido información al Congreso para esclarecer quiénes participaron en su emisión, autorización y cobro.
La investigación sigue abierta
Badillo reiteró que el Congreso entregará la información que sea requerida y que serán las autoridades investigadoras las que determinen si existieron irregularidades y quiénes, en su caso, resulten responsables.
El caso permanece bajo investigación y, hasta el momento, la existencia de denuncias y carpetas de investigación no equivale a una responsabilidad penal acreditada.
El presidente de la Jucopo sostuvo que el Congreso debe permitir que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias conforme a la ley, sin anticipar culpabilidades y sin ocultar información.