Maestros de la CETEG irrumpen en la Auditoría del Estado: tensión y desalojo en Chilpancingo
En una nueva jornada de protestas, docentes de la CETEG derribaron el portón principal de la ASE, provocando el desalojo del personal y evidenciando la fragilidad institucional frente a la presión sindical
Texto: Josué Miranda Ventura
Fotografía: Jesús De La Cruz
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 04 de junio de 2025.– Una manifestación de docentes pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) escaló este martes cuando un grupo de manifestantes derribó con violencia el portón principal de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en Chilpancingo. El hecho generó momentos de tensión y caos, obligando al personal a evacuar el edificio por rutas alternas ante el temor de un enfrentamiento mayor.
Minutos antes de las 11 de la mañana, los docentes marchaban por la avenida Lázaro Cárdenas. Al llegar frente a las instalaciones de la ASE, detuvieron su recorrido para lanzar consignas contra el órgano fiscalizador. Sin previo aviso, un grupo avanzó hacia la entrada principal y, con repetidos golpes, logró tirar el portón metálico.
La escena provocó pánico entre los trabajadores del organismo. Algunos empleados entraron en crisis nerviosa ante el estruendo y la incertidumbre, mientras que otros optaron por resguardarse en áreas internas. Finalmente, se evacuaron por salidas laterales.
El acto duró aproximadamente diez minutos. Luego del incidente, los manifestantes reanudaron su marcha hacia el edificio Juan N. Álvarez, dejando tras de sí una sede pública con daños materiales y un claro mensaje de presión hacia las autoridades estatales.
UNA PROTESTA QUE RAYA EN LA IMPUNIDAD
Este tipo de actos violentos, cometidos a plena luz del día y sin presencia disuasiva de las fuerzas del orden, ponen en tela de juicio la capacidad del Estado para garantizar el funcionamiento de sus instituciones y la seguridad del personal público. Aunque los docentes tienen derecho legítimo a manifestarse, el uso de la fuerza para imponer demandas gremiales no solo vulnera el estado de derecho, sino que alimenta un clima de impunidad que mina la gobernabilidad.
Resulta urgente que las autoridades estatales y federales establezcan canales de diálogo eficaces, pero también líneas claras que eviten que la protesta social derive en agresiones físicas, destrucción de bienes públicos y afectaciones a terceros.
