Abogados y ciudadanos de Taxco acusan abusos notariales y piden intervención directa de la gobernadora

Abogados, gestores, empresarios y ciudadanos de Taxco denunciaron incrementos discrecionales y presuntamente abusivos en los honorarios del Notario Público Número 2, Enrique J. del Rayo Castrejón, así como posibles prácticas monopólicas y nepotismo en el distrito notarial de Alarcón

Solicitan a la gobernadora Evelyn Salgado impulsar una reforma para regular tarifas notariales, sancionar excesos y evitar la concentración del poder fedatario en una sola familia

Taxco de Alarcón, Guerrero, 03 de febrero de 2026.— Abogados taxqueños, gestores, empresarios y miembros de la sociedad civil hicieron pública una carta dirigida a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, en la que reconocen avances de su administración, pero al mismo tiempo exponen una serie de señalamientos graves contra el Notario Público Número 2 del Distrito Notarial de Alarcón, Enrique J. del Rayo Castrejón, por el presunto cobro excesivo y arbitrario de honorarios, así como por prácticas que, aseguran, vulneran derechos constitucionales y principios básicos de competencia.

De acuerdo con el documento, a partir del 22 de enero del presente año los usuarios de servicios notariales en Taxco se encontraron con un nuevo tabulador impuesto de manera unilateral por el fedatario, con costos que, señalan, resultan inaccesibles para la mayoría de la población. Entre las tarifas denunciadas se encuentran la constitución de sociedades por 16 mil pesos más IVA; protocolización de actas de asamblea por 11 mil 500 pesos más IVA; testamentos con un costo general de 5 mil pesos más IVA; fe de hechos en Taxco por 15 mil pesos por 90 minutos y 12 mil pesos adicionales por cada hora extra, así como copias certificadas a 350 pesos por hoja.

Los promoventes afirman que al solicitar una explicación por el incremento, el notario les habría respondido que los nuevos honorarios fueron fijados “porque así lo decidió”, sin requerir autorización de autoridad alguna. Además, acusan que el fedatario prohibió la intervención de abogados como gestores en trámites de escrituración, lo que —sostienen— viola el artículo 5° constitucional relativo al derecho al trabajo lícito.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo se refiere al programa estatal del Mes del Testamento 2025, mediante el cual el Gobierno de Guerrero autorizó un costo universal de 500 pesos. Según los denunciantes, varios ciudadanos realizaron el trámite en septiembre pasado, pero el notario no entregó los documentos bajo el argumento de carga de trabajo. Al acudir en enero de 2026, se les exigió un “ajuste” adicional de 3 mil pesos para poder recibir su testamento, condicionando la entrega al pago de esa cantidad, hecho que califican como un desacato a una determinación oficial del Ejecutivo estatal.

En el plano estructural, los firmantes señalan que la Ley 971 del Notariado del Estado de Guerrero faculta al Ejecutivo a vigilar y, en su caso, sancionar el actuar de los fedatarios, incluso con la suspensión de patentes cuando se acrediten abusos. No obstante, subrayan un vacío legal: actualmente no existe una legislación que establezca topes claros a los honorarios notariales, lo que permite cobros discrecionales en un contexto de crisis económica para amplios sectores de la población.

Por ello, solicitan a la gobernadora Salgado Pineda enviar al Congreso local una iniciativa de ley que regule de manera equitativa las tarifas notariales, con el argumento de brindar seguridad jurídica y evitar lo que califican como “avaricia” de algunos fedatarios. En su escrito, retoman el principio político de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, asociado al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y vinculan esta demanda con el espíritu de la reforma judicial orientada —afirman— a acercar la justicia a la ciudadanía.

La carta también advierte sobre un posible escenario de monopolio notarial en Taxco. Tras el fallecimiento del Notario Público Número 1, Alejandro García Maldonado, el encargo provisional habría recaído en Enrique J. del Rayo Castrejón, quedando como único fedatario en la ciudad. Los denunciantes aseguran que actualmente se cabildea el cambio de adscripción del hijo del notario, Enrique del Rayo Salcedo —hoy notario en Huamuxtitlán—, para ocupar de manera definitiva la Notaría Número 1 en Taxco, lo que, de concretarse, representaría un caso de nepotismo y concentración del poder notarial en una sola familia.

Ante este escenario, piden a la titular del Ejecutivo estatal frenar cualquier autorización de cambio de adscripción y designar a un notario independiente que garantice competencia profesional. Incluso, plantean una propuesta de mayor calado político: impulsar una reforma para que los notarios públicos sean electos por voto popular, similar al modelo de la reciente reforma judicial, abriendo la posibilidad a cualquier licenciado en Derecho que cumpla con los requisitos legales.

El posicionamiento concluye con un llamado directo a la gobernadora para que intervenga a través de la Secretaría General de Gobierno y su área jurídica, responsable de la supervisión notarial, y para que asuma —según los firmantes— una “oportunidad histórica” de trascender no solo como la primera mujer gobernadora de Guerrero, sino como una figura con sentido social al promover cambios estructurales en una de las áreas más opacas del sistema jurídico estatal.