Crece la lista de políticos asesinados rumbo a 2025: el caso de Carlos Manzo enciende las alarmas en Michoacán
El homicidio de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, se suma a una serie de crímenes contra actores políticos registrados en distintas regiones del país desde octubre de 2024.
Los asesinatos evidencian un clima de violencia creciente de cara al próximo proceso electoral.
Texto: Fernando Foster
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 03 de noviembre del 2025.-El reciente asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, Michoacán, ha vuelto a poner en el centro del debate nacional la preocupante ola de violencia política que azota diversas entidades del país. Manzo, quien mantenía una activa participación social y política en la región, fue atacado a balazos, convirtiéndose en la décima víctima de una lista que refleja la vulnerabilidad de los actores públicos en México.
De acuerdo con un recuento de hechos registrados en más de un año, el primer caso data del 6 de octubre de 2024, cuando Alejandro Arcos Catalán, de Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado. Desde entonces, los crímenes se han extendido a estados como Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero e Hidalgo, dejando una estela de violencia que golpea a representantes locales, aspirantes y líderes comunitarios.
Entre las víctimas se encuentran nombres como Román Ruiz Bohórquez, de Candelaria Loxicha, Oaxaca (15 de octubre de 2024); Jesús Franco Lárraga, de Tancanhuitz, San Luis Potosí (15 de diciembre de 2024); Mario Hernández García, de Santiago Amoltepec, Oaxaca (15 de mayo de 2025); e Isaías Rojas Ramírez, de Metlatónoc, Guerrero (2 de junio de 2025).
También figuran Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán, asesinada el 3 de junio de 2025, y Salvador Bastida García, de Tacámbaro, Michoacán (5 de junio de 2025). La lista continúa con Acasio Flores Guerrero, de Malinaltepec, Guerrero (21 de junio de 2025), y Miguel Bahena Solórzano, de Pisaflores, Hidalgo (20 de octubre de 2025).
El caso de Carlos Manzo ha generado indignación social y exigencias de justicia, no solo en Michoacán sino a nivel nacional, ya que evidencia un patrón de ataques sistemáticos contra figuras políticas y comunitarias, muchos de ellos cometidos en municipios con fuerte presencia del crimen organizado.
Organismos civiles y analistas advierten que estos crímenes reflejan una erosión de la seguridad pública y una grave amenaza a la democracia, al inhibir la participación política y debilitar las instituciones locales.
Hasta el momento, las autoridades estatales y federales han prometido investigaciones exhaustivas, pero en la mayoría de los casos los avances han sido escasos. En tanto, las víctimas continúan acumulándose en una lista que se ha convertido en símbolo del riesgo de hacer política en México.
